Juan Bravo Murillo, ministro de Obras Públicas, firma esta Ley de 12 de marzo de 1849 según la cual autoriza al Gobierno de Su Majestad Isabel II la facultad de conceder a la empresa del ferrocarril de Sama de Langreo a Gijón y Villaviciosa el 6 % de los capitales invertidos y que se vayan invirtiendo en ellas con la intervención económica del Gobierno.